La tragedia: ¿Qué mejor momento para discutir sobre las bases del diálogo democrático?

 Desde la reciente contienda presidencial, me viene preocupando la forma en que ciertos influencers, políticos y personas en general hacen afirmaciones y ataques sin ninguna prueba ni argumento, solo para desviar la atención, y cómo eso se convirtió en una estrategia exitosa de manipulación electoral. Pero el día de ayer, una conversación con una familiar llevó esa preocupación a su punto de ebullición, y aquí estoy escribiendo esta columna de opinión para desahogarme y abrir el diálogo público con quienes se quieran sumar.

Ella me dijo que tenía el corazón vacío, o, lo que para ella era lo mismo, que había “llenado mi corazón de petrismo”, que era una persona desconocedora de Dios y que rezaba por mi alma. Yo le había enviado un video que describía las decisiones tomadas por el Gobierno desde el comienzo de la tragedia, provocadoa por el terremoto del 10 de agosto, y planteaba un análisis crítico desde la perspectiva de los derechos humanos. No le estaba hablando de Petro ni intentando convencerla de ser petrista. Estaba hablando de personas atrapadas bajo los escombros y de la responsabilidad del Estado frente a ellas. Y eso, para mí, ejemplifica un problema mucho más grande: ya ni siquiera somos capaces de discutir las decisiones de un gobernante sin convertir la discusión en un ataque contra quien las cuestiona.

Porque yo sí quiero discutir. Pero discutir con argumentos. Si el Gobierno dice que no recibió determinada ayuda internacional por razones técnicas, entonces explíqueme cuáles eran esas razones. Si había protocolos, dígame cuáles eran. Si se necesitaban determinadas certificaciones, muéstreme cuáles y explique por qué se exigieron a unos y no necesariamente a otros. Si la ayuda llegó después de los primeros días de la emergencia, expliquemos por qué. Porque aquí no estamos hablando de una discusión abstracta entre izquierda y derecha. Estamos hablando de una tragedia en la que, según testimonios de familiares y voluntarios, durante los primeros días fueron los propios ciudadanos quienes se organizaron para remover escombros y buscar sobrevivientes, entre ellos personas de la Primera Línea, mientras en distintos puntos de la ciudad las familias seguían esperando ayuda institucional. Y mientras tanto, equipos internacionales que habían ofrecido asistencia esperaban una respuesta. ¿Cómo se puede discutir esto sin mirar primero a las víctimas?

Y aquí aparece otra cosa que me preocupa. Mi familiar me dijo que repudiaba a la Primera Línea y a los indígenas. Justamente la Primera Línea, personas que ella rechaza por representar, según su visión, aquello que no está dispuesta a aceptar de Petro, aparece también entre quienes, según los testimonios que he conocido, estuvieron ayudando a remover escombros y buscar sobrevivientes. No puedo dejar de preguntarme qué hay detrás de ese rechazo hacia determinados grupos sociales, especialmente cuando se trata de sectores históricamente vulnerables o discriminados. ¿Estamos frente a un prejuicio de clase, a una forma de discriminación o, simplemente, a la incapacidad de reconocer como iguales a quienes no pertenecen al grupo social o político con el que nos identificamos? Para mí, esa pregunta también hace parte de esta discusión, porque una tragedia debería ser precisamente el momento en que somos capaces de mirar a las personas antes que a las etiquetas políticas que les hemos impuesto.

Lo que me resulta todavía más preocupante es que esta misma forma de responder aparezca también en el debate político. Al escuchar las afirmaciones del concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, en El Reporte Coronell, respaldando y justificando las decisiones del presidente, encuentro el mismo problema: se afirma que el Gobierno tenía razones técnicas para no recibir determinada ayuda, pero no se explican cuáles eran esas razones. Se afirma que existían protocolos, pero no se dice cuáles. Y cuando se cuestiona la decisión, se responde que quien la cuestiona está politizando la tragedia. Eso no demuestra nada. Del mismo modo, afirmar que el Gobierno de Petro fue “el más corrupto de la historia” no convierte esa afirmación en verdad solo porque se repita. Una afirmación de ese tipo exige pruebas, criterios y comparación. Y la corrupción de gobiernos anteriores tampoco puede convertirse automáticamente en la única justificación para las decisiones del Gobierno actual.

Los ataques que recibí de mi familiar no son argumentos. Constituyen una falacia ad hominem. Decir que alguien es petrista no demuestra que lo que está diciendo sea falso. Decir que alguien está resentido tampoco demuestra que su crítica carezca de fundamento. Y decir que alguien está alejado de Dios no responde ninguna de las criticas que planteaba el video. La democracia necesita algo tan sencillo y, al parecer, tan difícil: que podamos escuchar una afirmación, pedir las pruebas y estar dispuestos a cambiar de opinión si las pruebas demuestran que estábamos equivocados. Pero mi familiar no quiso discutir. Después de atacarme, me bloqueó antes siquiera de que pudiera responderle, a pesar de que fue ella la que inició el contacto, respondiendo con los mismos ataques personales y moralizantes a las historias que comparto en mi WhatsApp y en mis redes sociales.

Por eso mi preocupación no es solamente Abelardo. Es lo que estamos haciendo como ciudadanos y las consecuencias humanitarias que pueden producirse cuando dejamos de exigir explicaciones al poder. Un presidente puede posesionarse y gobernar, pero eso no significa que quienes vivimos bajo sus decisiones perdamos el derecho a cuestionarlas. La democracia no consiste en votar y entregar un cheque en blanco. Consiste también en vigilar, preguntar, exigir explicaciones y defender los derechos de quienes están sufriendo, incluso cuando no votaron como nosotros.

El diálogo racional requiere honestidad del interlocutor, verdadero deseo por llegar a la verdad. Requiere, además, discutir las ideas y no descalificar a las personas por su supuesta ideología, su fe o su origen. Y eso vale para todos: para quienes defienden al Gobierno y para quienes lo cuestionan. Pero también necesitamos algo más: asumir responsabilidades. Quien se lanza a la Presidencia o a una Alcaldía sabe —o debería saber— que está asumiendo una responsabilidad enorme sobre la vida, los derechos y el bienestar de otras personas. Si las decisiones tomadas durante esta tragedia fueron negligentes, arbitrarias o vulneraron los derechos de las víctimas, la ciudadanía tiene derecho a exigir consecuencias, es decir, que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Gobernar no puede significar hacer y deshacer con los derechos de los ciudadanos y luego pedir que todo quede como una lección aprendida.

Espero, deseo, que todos, sin importar el color político, podamos escuchar y valorar racionalmente estos argumentos. Que podamos discutir los hechos sin convertir al interlocutor en enemigo, pedir pruebas sin asumir que quien pregunta está atacando y, sobre todo, recordar que detrás de cada decisión de gobierno hay personas que pueden ser víctimas de sus consecuencias. Porque la democracia no termina cuando un presidente se posesiona. Ahí es, precisamente, cuando empieza nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Nota de elaboración

Para la elaboración de esta columna conté con asistencia de ChatGPT.

El “florero de Llorente”

Este es el video que dio origen a la respuesta de mi familiar, que terminó convirtiéndose en el punto de partida de esta columna:

- https://www.instagram.com/reel/Db-XzDiPF4W/?igsh=MTNrYXQ4bmJ3dG9oYQ==

Fuentes para contrastar los hechos

Las afirmaciones de carácter factual mencionadas en esta columna pueden ser contrastadas en las siguientes fuentes:

- https://www.instagram.com/reel/DcCycq7NTnS/?igsh=NGQ5c3NwOWI2Y2h6

- https://www.instagram.com/reel/Db_wqMhyhQh/?igsh=eG92d3J6ejQ5OGFj

- https://www.youtube.com/watch?v=3ZBZVkm7Auo&list=PLMgv-7Vh0-tQ&index=5

- https://www.facebook.com/share/v/1L7k2t4s9o/